Dispararon al aire con potente fusil AK-47

Dos hombres que se entretenían disparando al aire con un potente fusil AK-47 fueron detenidos en San Sebastián, Huehuetenango, luego que los pobladores denunciaran el hecho.
Al momento de su detención, los detenidos iban bordo de un picop con placas P-813FHM.
Ellos son los dos detenidos.
Los lugareños aseguran que ambos efectuaron disparos al aire, sin causa justificada.
En este vehículo se conducían cuando fueron detenidos. Fotos: PNC
Fueron identificados como Mario López Velásquez, de 33 años y Arturo López Sales, de 32, a quienes les incautaron un fusil AK-47, 2 cargadores y 24 cartuchos y 2 casquillos. 
Provocan accidente para secuestrar a mujer

Source: AlDia

Provocan accidente para secuestrar a mujer

 
Una mujer fue liberada y cuatro hombres capturados, luego que estos colisionaran contra el vehículo en donde se conducía su víctima con la intención de secuestrarla.
El hecho ocurrió en la colonia Minerva zona 11 de Mixco, cuando las dos mujeres viajaban en el carro con placas P- 627GCN, y fueron colisionadas por otro vehículo en el cual se conducían los cuatro maleantes.
Este es el vehículo en donde se conducían los secuestradores.
Cuando las mujeres descendieron a ver el golpe, las intentan introducir al vehículo de los secuestradores, sin embargo, una de ellas logró escapar y pidió auxilio a la Policía
Los agentes iniciaron la búsqueda y al tener a la vista el vehículo donde llevaban a su amiga, la mujer que logró escapar alertó a los uniformados, quienes emprendieron una persecución que finalizó a inmediaciones de un centro comercial ubicado en la zona 19, en cercanías de la Comisaría 16.
Dos de los detenidos.
En ese momento, los elementos policiales interceptaron el automotor de los malhechores logrando capturar a cuatro delincuentes y rescataron sana y salva a la víctima de aproximadamente 30 años.
Los otros dos detenidos. Fotos: PNC
Capturan a mujer acusada de 5 delitos

Source: AlDia

Cárceles, negocio lucrativo

En Estados Unidos la cárcel es un negocio sumamente lucrativo porque cobran entre 40 y 60 dólares por preso, de los enviados de las prisiones públicas luego de su clausura.

En España y otros países como el nuestro, en donde las cárceles dependen del Estado, para cumplir con la función de reinserción social se firman convenios con empresas para que impulsen actividades en las prisiones y ofrezcan trabajo a los presos. Sin embargo, les pagan sueldos ínfimos, tampoco les ofrecen derechos laborales ni el pago de seguro social. Además, se ahorran pagar luz, agua y alquiler de bodegas, entre otros.

No obstante, el negocio de la cárcel no se queda ahí. En un sistema tradicional como el nuestro, la prisión se convierte en negocio redondo para los presos, autoridades y agentes penitenciarios. Los negocios más fructíferos son la venta de substancias ilícitas, como drogas, alcohol y celulares; comida, espacio para dormir (camas o planchas), alquiler de mesas, sillas, licuadoras, estufas, ollas.

En prisión todo producto que se vende es muy costoso, porque quienes tienen ventas de estos productos deben pagar a las autoridades para que les permitan su acceso.

En la cárcel todo se paga, incluido el sector donde se permanecerá. La clasificación de reos, se realizan de conformidad al perfil económico. Cuando un nuevo recluso ingresa, se abre subasta entre los sectores, en la cual los voceros de los sectores pujan para tenerlo, ofreciendo entre un mil hasta cantidades exorbitantes dependiendo del poder adquisitivo del detenido. El dinero que se pagó para ir al sector que más ofreció, posteriormente se le cobra.

Además, el reo debe pagar una cuota para mantenerse en ese sector, tener protección a su integridad personal, no hacer limpieza y derecho a hablar por teléfono, entre otros beneficios.

“Talacha” llaman a esta extorsión de unos reclusos contra otros, aunque oficialmente no podemos decir que hay extorsiones en los recintos carcelarios porque la gran mayoría de presos prefieren callar y no denunciar porque pone en peligro su integridad física y la de su familia, pero conjuntamente no se investiga de oficio para identificar a los responsables.

Quien no paga talacha puede sufrir daños irreparables, como lesiones graves y hasta perder la vida. Recientemente un detenido murió a golpes en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, por no pagar, y en el Centro de Rehabilitación para Hombres de Puerto Barrios, por una golpiza dejaron a un recluso sin un ojo.

Sin lugar a dudas, esta práctica solo da cabida a que los internos vivan en un ambiente de terror en el cual la vida no tiene valor y que otros se enriquezcan ilícitamente. La talacha vulnera los derechos humanos de los privados de libertad como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), porque violenta el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

No obstante, que esta cuota no es exigida directamente por agentes estatales, también lo es que existe permisividad de las autoridades y agentes para dejar pasar esos cobros porque reciben dividendos de lo recaudado y no obstante ser un secreto a voces, persiste la omisión de investigar. En virtud de lo anterior, la talacha constituye un acto de tortura y trato cruel e inhumano porque con el conocimiento de agentes estatales y algunas veces con su anuencia, los presos intimidan y amenazan a otros, con acciones violentas contra ellos y sus familiares de no pagar.

El Estado tiene el deber de tomar acciones preventivas para los detenidos debido a que están bajo su custodia.

En la sentencia Chinchilla Sandoval versus Guatemala, la Corte IDH reiteró: “El Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables [en su caso] de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

La Corte IDH, además establece que el Estado tiene “una obligación especialmente acentuada y un elemento condicionante para garantizar el derecho a la vida”. Es decir, cuando existe una muerte en un recinto carcelario las autoridades tienen el deber de iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, con la debida diligencia y sustanciada “por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad”.

Además, “la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares.”

En lo personal, espero que el Estado de Guatemala asuma la responsabilidad que tiene frente a este grupo vulnerable, tome como referente la protección de los derechos humanos y la dignidad de todo ser humano para proceder a efectuar la investigación de forma integral de este flagelo, entre ellas, averiguar todas aquellas muertes producto de actos violentos en centros penitenciarios porque muchas seguro se derivan del no pago de la talacha.

No se debe esperar una denuncia formal de los presos y sus familiares, ni de jueces, Procuraduría de Derechos Humanos o de la Oficina de la Prevención de la Tortura, sino hacerla como acto propio, como lo demanda la Corte IDH, con la finalidad que la cárcel deje de ser un mundo de horror para unos presos y un negocio rentable para otros.

TEXTO PARA COLUMNISTA



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Source: Siglo XXI

Fracaso de los procesos de paz en conflictos armados

La República Centroafricana es una nación que ha estado viviendo en estado de conflicto desde la guerra civil de 2004, cuando la Unión de Fuerzas Democráticas para la Reagrupación (UFDR) se reveló en contra el Presidente François Bozizé, desencadenando inmediatamente en una guerra.

La situación pudo calmarse con la firma de un acuerdo paz en 2007. En esa ocasión, tanto el gobierno centroafricano como la UFDR, firmaron la paz. Este fue un acuerdo delicado, pues se adoptaron medidas que involucraban un proceso de amnistía hacia los crímenes de los antiguos enemigos.

Para tener una idea más fresca sobre el modelo de negociación en la República Centroafricana, basta con señalar que el mismo esquema sería replicado una década después en América Latina, con el acuerdo de paz del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), terminando con más de 50 años de conflicto y valiéndole el Premio Nobel de la Paz al presidente Santos.

En la República Centroafricana en el año 2007, como en Colombia recientemente, se resolvió con otorgar una amnistía para los miembros de las fuerzas rebeldes, así como la legalización de estas organizaciones para que puedan transformarse en partidos políticos. La República Centroafricana incluso acordó la integración de los ex guerrilleros en el ejército nacional.

La paz centroafricana fue efímera y la colombiana todavía está por verse, aunque el escenario geopolítico, cultural y socioeconómico es muy distinto en la nación latinoamericana. De acuerdo a datos de Human Rights Watch, en el conflicto centroafricano más de 200 mil personas fueron desplazados, 10 mil casas incendiadas y cientos de civiles fueron asesinados.

¿Qué pasó con la paz centroafricana?

En el 2013, las fuerzas rebeldes entendieron que el acuerdo de paz no había sido cumplido por el presidente Bozizé, por tanto decidieron romper el alto al fuego y tomaron a la fuerza algunas de las ciudades mayores, como es el caso de Damara y Bossangoa. Luego de fuertes combates en las comunidades alrededor del palacio presidencial, el gobierno quedó acorralado y el presidente Bozizé escapa hacia la República del Congo, quedando como presidente interino Michel Djotodia, líder clave de la coalición rebelde. Luego de que Michel dimitiera en 2014, tras reconocer su fracaso en terminar el conflicto civil, la presidencia es ocupada por Catherine Samba Panza, la alcaldesa de Bangui, la capital del país. Samba Panza entregó el poder al presidente actual Faustin-Archange Touadéra.

La nación sigue en caos y en guerra civil. Para restablecer el orden, el país recibió una misión militar internacional liderada por Francia a través de la Operación Sangaris, contando con el apoyo militar de España. En 2015, diez grupos armados firman un nuevo acuerdo de paz con el gobierno que contemplaba el desarme de las milicias y los niños soldados, así como la vigilancia de los soldados de paz de las Naciones Unidas.

¿Una luz al final del túnel?

En octubre de 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó la República Centroafricana y expresó su preocupación ante una crisis humanitaria que estaba siendo ignorada por los medios de comunicación. Señaló que “el país ha visto suficiente brutalidad, suficiente división y suficiente conflicto”, especialmente por el enfrentamiento entre los principales grupos insurgentes: los Seleka (rebeldes islamistas) y los anti Balaka (cristianos radicales).

TEXTO PARA COLUMNISTA



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Source: Siglo XXI

La crisis de la administración pública

La base estructural de la sociedad está conformada en esencia por dos funciones, la función política y la función productiva. En el sector económico la producción de bienes y servicios alcanza en nuestro sistema económico y social un relativo éxito. En Guatemala, la producción y comercialización la realiza en un 80% la empresa de mercado. El éxito relativo consiste en la generación de utilidades que permiten medir la eficacia y eficiencia de sus operaciones. Su administración tiene un claro indicador de éxito, las ganancias.

En el sector político, representado por el gobierno y las instituciones públicas, la medida del éxito de la administración es más complejo. Aquí conviven la administración de la toma de decisiones en el uso de recursos para el bienestar social, con la administración de recursos nacionales para la producción de bienes y servicios. El problema central de la administración pública, no tiene un parámetro claro para medir su éxito.

Conforme crece la internalización de actividades económicas, financieras, culturales, científicas, delincuenciales y militares, los Estados nacionales se debilitan, dando lugar a la aparición de centros de poder ajenos al Estado. ¿Existen evidencias del debilitamiento y colapso del Estado nacional?, ¿qué factores influyen en el debilitamiento de las estructuras estatales?, ¿surgirá un nuevo centro de poder social?

El poder sobre las armas. Una de las bases del Estado era su monopolio del uso de la fuerza. En la actualidad hay dos grupos que ya tienen mayor control de las armas que el Estado. La delincuencia organizada internacional y los gobiernos de superpotencias. Son capaces de invertir en armas, organización de operaciones y presión sobre la gente. Lo que les permite superar en agilidad y efectos a los gobiernos debilitados.

El poder sobre los Estados. Hasta la caída del muro de Berlín y el socialismo soviético el mundo era bipolar. Las dos superpotencias clamaban en organismos internacionales por el respeto de los pueblos a la autodeterminación. Con el colapso soviético, las superpotencias viven en un mundo sin orden claramente establecido. Cada potencia se atribuye la potestad de intervenir Estados, destruir naciones y reorganizar fronteras.

El poder financiero. Tanto las transnacionales, los gobiernos de superpotencias como la delincuencia internacional acumulan masas de dinero. Con esos recursos se compran consciencias y favores de representantes de los Estados. Estos grupos que manejan la liquidez internacional son capaces de generar líneas de corrupción, y manejo de los recursos de los Estados para su propio beneficio.

El Estado atraviesa un momento de fractura institucional. Se abren las brechas sociales y se pierde el norte común. La administración pública se enfrenta a la disyuntiva de ser una administración eficiente y eficaz para alcanzar objetivos de unidad nacional o servir a intereses de grupos de presión. En la misma dirección el reto es administrar en forma eficiente las principales funciones del Estado o ser ineficiente y sesgada hacia la corrupción y orientarse al caos.

Es una época de cambios, es la era de reorientar la administración pública hacia nuevos objetivos y estrategias para fortalecer un Estado nacional equitativo, solidario, eficiente y progresista.

TEXTO PARA COLUMNISTA



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